Un informe del Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad revela que la política de subsidios masivos destruyó la continuidad de la electricidad y el agua, obligando a la población a asumir los costos del mantenimiento y el suministro.
Caracas.– El acceso regular a la energía eléctrica y al agua potable en Venezuela ha dejado de ser un derecho garantizado por el Estado para convertirse en un costoso desafío individual. El más reciente estudio del Observatorio de Gasto Público (OGP) de CEDICE Libertad, titulado “Servicios básicos y gasto público: causas y consecuencias de la política de subsidios sostenidos en electricidad y agua”, coordinado por el economista Raúl Córdoba, demuestra con datos macroeconómicos y de campo cómo el modelo de centralización y tarifas congeladas terminó pasando la factura más cara de la historia a los hogares venezolanos.
El análisis echa por tierra la vieja premisa de que los servicios públicos en el país son económicos. La realidad es que el bolsillo del ciudadano común es el que hoy financia un sistema paralelo para subsanar la ineficiencia estatal. Según el informe, un venezolano debe destinar entre USD 20 y USD 80 mensuales adicionales a la tarifa formal para cubrir la falta de luz y agua. Estos gastos extras incluyen desde la compra de cisternas, botellones y pago a cargadores de agua en manantiales, hasta el alquiler, combustible y mantenimiento de plantas eléctricas residenciales o comerciales.
Infraestructura congelada en el tiempo
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe se centra en el Sistema Hídrico Nacional. De los 94 embalses activos en el territorio, el 81% fueron construidos entre 1959 y 1998. La ausencia de nuevas fuentes de captación y el crecimiento demográfico han generado un declive sostenido en el volumen de agua disponible per cápita. Hoy en día, el sistema intenta atender a más de 33 millones de personas con la misma red de distribución de los años 90, sin las adecuaciones técnicas ni el personal especializado requerido, lo que se traduce en un racionamiento crónico y problemas severos de calidad (olor, color y sabor) que ponen en riesgo la salud pública.
En materia eléctrica, la desatención del parque térmico diseñado para mitigar las sequías ha dejado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en una extrema dependencia de la generación hidroeléctrica, exponiendo a las regiones a apagones prolongados y fluctuaciones que dañan equipos y paralizan el comercio local.
¿Cuánto cuesta la reconstrucción?
De acuerdo con las proyecciones y la recolección de indicadores de CEDICE Libertad, revertir el deterioro acumulado por más de una década de desinversión requiere un programa financiero masivo y de largo aliento. El estudio calcula que se necesitan USD 15.400 millones para estabilizar los procesos de generación, transmisión y comercialización eléctrica, y al menos USD 1.350 millones para la optimización, transporte y saneamiento del sistema de agua potable en un plazo de tres a diez años.
La senda hacia la recuperación, concluye el informe, exige un cambio estructural inmediato: el reconocimiento real de los costos de operación, el diseño de un esquema tarifario adecuado para los sectores vulnerables, la descentralización de los procesos y, fundamentalmente, el establecimiento de asociaciones público-privadas transparentes que inyecten capital y conocimiento técnico calificado al sistema.
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