El 24 de abril de 2020, la Vicepresidente Delcy Rodríguez anunció un
conjunto de medidas en el ámbito económico a los fines de contrarrestar una
serie de conductas que, a juicio de las autoridades, son contrarias al
comportamiento óptimo que debiera mostrar la economía venezolana en
medio de la pandemia derivada del COVID-19 y la escasez de combustible
que afecta el territorio nacional.
Con base en el marco regulatorio que ofrece el Decreto-Ley Orgánica de
Precios Justos (“LPJ”), Rodríguez anunció, en esencia, tres cosas: (i) la
ocupación temporal del Consorcio de Oleaginosas Portuguesa S.A. (COPOSA);
(ii) la venta supervisada de determinados productos de Empresas Polar y
Plumrose de Venezuela; y (iii) la elaboración de un listado de productos -
hasta la fecha se estiman 27- con “precios acordados” para la venta. El
listado, para el momento, en que se escribe este documento, no ha sido
publicado en Gaceta Oficial, por lo que se estima conveniente su divulgación
oficial para realizar un análisis sobre el contenido del mismo.
Una vez realizada y publicada esta información, pudiera plantearse el
retorno de los controles de precios a una economía que, en la práctica, los
había desaplicado en los últimos meses. Sobre este preámbulo vale la pena
cuestionarse hasta qué punto dicha medida es conveniente para el bienestar
del país.
Consecomercio
Comisión de Economía
Lunes, 26 de abril de 2020
@Consecomercio
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La telaraña de los controles: Una trampra para la economía
En este sentido, la historia debe servir de consejera al momento de
implementar este tipo de políticas públicas. Y la historia sugiere, incluso
desde un enfoque milenario, que allí donde se han aplicado controles de
precios, la economía termina por sufrir mayores males que los que
teóricamente busca paliar.
De esta forma, un eventual retorno a los controles de precio, a las
fiscalizaciones del sector privado sin derecho a la defensa y apego al debido
proceso, generarán mayor desabastecimiento, volatilidad en los precios,
extorsión y la proliferación de un mercado negro que terminará por ser un
instrumento de exclusión para las grandes mayorías.
Creemos que toda autoridad debe aplicar políticas tendientes a la generación
de bienestar de sus ciudadanos. Ello cobra especial realce en un país como la
Venezuela de nuestros días, en la que existe una cantidad importante de
sectores de la población que hoy luchan por sobrellevar condiciones de
pobreza en distintos ámbitos: alimentario, salud, acceso a servicios básicos,
por solo mencionar algunos aspectos puntuales en medio de la coyuntura.
Negar las bondades del mercado para favorecer la activa intervención estatal
con fines sancionatorios al sector privado, lejos de coadyuvar a la población
le dificultará el acceso a los bienes y servicios que tanto necesita en estos
tiempos imbuidos de complejidad.
La historia reciente atestigua cómo los precios libres son necesarios para
garantizar el adecuado funcionamiento de la economía. Los precios, en
esencia, se encargan de transmitir información, y es gracias a esa información
que los actores económicos, tanto consumidores como empresarios, pueden
tomar decisiones de la manera más óptima y satisfactoria posible.
Intervenir los precios en nombre de conceptos tales como “usura”,
“especulación”, “abuso”, “aprovechamiento”, además de carecer de idoneidad
técnica en el ámbito económico, terminan por truncar el objeto y razón de ser
de los precios, con lo cual la información que transmiten se distorsiona,
resultando todo ello en un funcionamiento perjudicial de la economía.
@Consecomercio
@Consecomercio
@CONSECOMERCIO
Del mismo modo, conviene recordar, que las empresas obedecen al mandato
de sus clientes, de sus consumidores. No existe empresa o comercio en el
mundo que pueda permanecer en funcionamiento de forma sostenida
causándole daños o perjuicios a su clientela. Porque cuando un cliente es libre
de elegir, inmediatamente optará por un buscar un negocio distinto de aquél
que le cause un mal. Por ello, debe recordarse que el funcionamiento de la
economía se fundamenta en la noción de cooperación social existente entre
empresas y consumidores, que lejos de ser antagónica, se complementa entre
sí.
De allí que el llamado que se realiza desde la Comisión de Economía de
Consecomercio es a que no solo se profundice el proceso de desaplicación de
controles, sino que se proceda a su derogatoria formal para brindarle mayor
asidero al principio constitucional de libertad económica consagrado en
nuestras leyes. Así mismo, creemos que las autoridades venezolanas pudieran
revisar otras opciones distintas a los controles como medidas paliar la difícil
coyuntura que atraviesa Venezuela a raíz del COVID-19.
Existen suficientes ideas menos nocivas en el plano fiscal, monetario y jurídico
que pudieran implementarse para ayudar a los ciudadanos venezolanos, todo
ello de la mano del sector privado, el cual no sólo debe ser el centro de
ejecución de dichas políticas, sino que también ha manifestado su disposición
a colaborar con las autoridades para darle una mano a Venezuela, porque
difícilmente alguien puede permanecer indiferente a las complejas
circunstancias que enfrenta el país, por lo que el empresariado está presente
para asumir el compromiso histórico al cual está llamado, y ante cual, sin
duda alguna, tiene capacidad de honrar en todas aquellas dimensiones que
se le permitan.
Miembros de la comisión:
Andrés F. Guevara B.
José Miguel Farías
Rednaxela Sequera
Antulio Moya
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